Mientras las escuelas públicas enfrentan problemas que afectan el normal desarrollo de las clases, el Estado provincial destina importantes recursos al sostenimiento de instituciones privadas.
El caso del Colegio Monseñor Alemán abre interrogantes sobre las prioridades del financiamiento educativo.
Según el portal oficial de Gestión Transparente, la Fundación María Auxiliadora, vinculada al Colegio Diocesano Monseñor Miguel Ángel Alemán, registra $958,5 millones en aportes estatales acumulados hasta junio de 2026. Además, el Boletín Oficial publicó una liquidación de $140,7 millones correspondiente a enero, identificando expresamente al establecimiento.
A estos recursos se suman las cuotas que pagan las familias. Según los valores informados, los aranceles comienzan en $330.000 para los niveles iniciales mensuales por alumno. Con una matrícula estimada de 450 estudiantes, la recaudación teórica alcanzaría los $148,5 millones por mes, aunque se trata de una proyección y no de una facturación comprobada.
En una provincia donde la educación pública enfrenta dificultades y las familias reclaman mejores condiciones para estudiar, los números plantean una pregunta inevitable: ¿cómo se distribuyen las prioridades del presupuesto educativo y qué controles existen sobre los fondos públicos destinados a los colegios privados?
La discusión no pasa por cuestionar la educación privada, sino por exigir transparencia y garantías de que la educación pública reciba los recursos necesarios para funcionar adecuadamente.





